domingo, 22 de octubre de 2017

Regulación Administrativa (Poder de Policía del Estado) y Seguros Privados. Posible complementariedad virtuosa.

Artículo dedicado a mis colegas Patricia Balbuena, Norma Correa y Gisselle Romero. Sus ideas sobre innovación en el Sector Público, motivan a pensar diferente, por un Estado mejor; buscando el bienestar de la sociedad.

El Poder Policía constituye una de las manifestaciones de la Función Administrativa del Estado. Esta consiste en la ordenación, regulación, limitación de derechos, para articularlos, coordinarlos, adecuarlos al interés general, público o derechos o intereses legítimos de otros ciudadanos. A estas función también se le conoce como "Regulación Administrativa".

La Regulación Administrativa o el Poder de Policía se fundamenta esencialmente en el riesgo o en la prevención de éste, frente a actividades desarrolladas por los ciudadanos que pudieran afectar a otros. Para tal efecto, el Estado actúa efectiva o positivamente, con mecanismos previos o posteriores, para hacer efectivas dichas limitaciones de derechos.

La forma más común en que el Estado ejerce su Poder de Policía es a través de intervenciones ex – ante. Es decir, previas a la actuación del ciudadano. En este rubro encontramos a las autorizaciones, licencias y permisos.

Tradicionalmente, los mecanismos de autorizaciones, licencias y permisos están diseñados de manera tal, que es el propio Estado quien define normativamente los riesgos, las medidas preventivas necesarias a asumirse, los mecanismos de mitigación de riesgos y; verifica (administrativamente) su cumplimiento. En la perspectiva tradicional todo lo define, establece y administra el Estado. Con sus recursos, sus procedimientos y su personal.

Invitados todos a este conversatorio.



http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/coversatorio/conversatorio-servicio-civil-peruano-debate/

lunes, 21 de agosto de 2017

A continuación el link del artículo escrito para la revista de ENAP.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES Y LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

http://revista.enap.edu.pe/article/view/1558


lunes, 14 de agosto de 2017

Los problemas del Servicio Civil. Persistencia de problemas y de falta de medidas (parte 2)

Continuando con el listado de problemas en el Servicio Civil, tenemos:

2. Multiplicidad de regímenes, reglas y fuentes normativas. Co-existencia de servidores con diferentes condiciones en cuanto a ingreso al servicio, derechos, estabilidad en el empleo, despido, obligaciones y disciplina. 

A partir de la dación del Decreto Legislativo N° 1023 (en el año 2008) queda claro que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en un sistema administrativo, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público. También se estableció que SERVIR es la entidad rectora de dicho sistema administrativo. En dicha condición puede dictar reglas para hacer efectivo el funcionamiento del citado sistema administrativo. Para el ejercicio de dichas funciones, el Decreto Legislativo dotó a SERVIR de atribuciones normativa, supervisora, sancionadora, interventora y de solución de controversias. Estas funciones y atribuciones fueron ratificadas en la Ley del Servicio Civil (Ley 30057, del año 2013). Adicionalmente, los decretos legislativos del 2008 dictaron una serie de reglas en temas como capacitación y evaluación que se aplicarían transversalmente a todos los regímenes.

En ejercicio de tales funciones, desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil pudieron haberse dictado reglas o proponer reformas a las existentes, estableciendo reglas básicas aplicables a todos los regímenes.  Así por ejemplo, normativamente –mediante decreto supremo– se hubieran podido dictar nuevas reglas, aplicables los regímenes de los Decretos Legislativos N°s 276 (carrera administrativa), 728 (laboral privado) y 1054 (contrato CAS). Esto, con el objetivo de "acercar" y uniformizar tales regímenes.

Otro factor que no se ha considerado y no se ha enfrentado debidamente son las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Estas entidades han venido desnaturalizando las reglas del servicio civil en el Perú, aplicando normas de Derecho Laboral; sin considerar las reglas especiales existentes para el Sector Público. Los casos más escandalosos son aquellos donde se ordenando la reincorporación de servidores CAS o de locadores de servicios, bajo regímenes que no existen en las entidades o, donde no existen plazas presupuestadas para ello. La actuación de estas autoridades judiciales hace más complejo los esfuerzos de ordenamiento y "homogenización" del servicio civil.

domingo, 6 de agosto de 2017

Los problemas del Servicio Civil. Persistencia y falta de medidas (Parte 1)

Desde el año 2001, cuando el Gobierno de Transición designó  una Comisión Multisectorial encargada de estudiar y elaborar un informe sobre la situación del personal de la administración pública se identificaron una serie de problemas; que muestran su persistencia en el tiempo, a pesar de las modificaciones normativas realizadas y los intentos de reforma que se han promovido. 

De manera general, estos problemas podrían resumirse en el siguiente listado:

miércoles, 24 de mayo de 2017

Los principios del procedimiento administrativo sancionador. Razones para una discrepancia.

En los últimos años, un sector de nuestra doctrina ha venido sosteniendo la aplicación –casi de manera automática– de los principios y garantías del derecho y del proceso penal, al procedimiento administrativo sancionador (al derecho administrativo). Esto inclusive se ha llevado a nivel normativo, en la Ley del Procedimiento Administrativa General.

Para esta doctrina, ambas ramas jurídicas (penal y administrativo sancionador) tienen similar naturaleza, porque se trata de actividades sancionadoras que realiza el Estado. En ello fundamentan la inclusión o la extensión de principios penales al procedimiento administrativo sancionador. 

Si bien ambas ramas se manifiestan en actividades sancionadoras del Estado, discrepo en la aplicación automática de los principios y garantías penales. Esto, porque existen diferencias que justifican su trato diferente y no son automáticamente equiparables.

martes, 11 de abril de 2017

Sistemas administrativos y atención de las emergencias: Un ejemplo de falla del Estado

Debo empezar señalando que –como he escrito en diferentes documentos– considero que las organizaciones estatales tienen características particulares y por ello merecen una regulación y tratamiento especial, distinto del que pueda darse a organizaciones del sector privado. Estas características se originan en el fuerte problema de agencia que afecta a las organizaciones estatales y a la propiedad colectiva (de la ciudadanía) sobre dichas organizaciones, que exacerba el primer problema.

En consideración a ello, encuentro perfectamente razonable y necesario, la existencia de sistemas administrativos. Estos deben estar orientados a reducir el problema de agencia, que es el factor que afecta negativamente el funcionamiento de las organizaciones del sector público y le resta bienestar a la sociedad.

Sin embargo, el problema está en cómo están diseñados, en cómo están escritos los sistemas administrativos en nuestro país. Siendo necesarios, considero que son inefectivos en cuanto a su finalidad y pueden terminar haciendo más daño que bien. Quiero demostrar mi punto, revisando las normas especiales que se han dictado, para atender la emergencia de las masivas inundaciones que sufre nuestro país.

Se supone que diversas zonas del país están en situación crítica, grave, urgente y que evidentemente requieren de la acción del Estado, para atender dicha emergencia. En atención a ello, se han dictado varios decretos de urgencia (DU 002, 004 y 006-2017).