lunes, 21 de agosto de 2017

A continuación el link del artículo escrito para la revista de ENAP.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES Y LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

http://revista.enap.edu.pe/article/view/1558


lunes, 14 de agosto de 2017

Los problemas del Servicio Civil. Persistencia de problemas y de falta de medidas (parte 2)

Continuando con el listado de problemas en el Servicio Civil, tenemos:

2. Multiplicidad de regímenes, reglas y fuentes normativas. Co-existencia de servidores con diferentes condiciones en cuanto a ingreso al servicio, derechos, estabilidad en el empleo, despido, obligaciones y disciplina. 

A partir de la dación del Decreto Legislativo N° 1023 (en el año 2008) queda claro que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en un sistema administrativo, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público. También se estableció que SERVIR es la entidad rectora de dicho sistema administrativo. En dicha condición puede dictar reglas para hacer efectivo el funcionamiento del citado sistema administrativo. Para el ejercicio de dichas funciones, el Decreto Legislativo dotó a SERVIR de atribuciones normativa, supervisora, sancionadora, interventora y de solución de controversias. Estas funciones y atribuciones fueron ratificadas en la Ley del Servicio Civil (Ley 30057, del año 2013). Adicionalmente, los decretos legislativos del 2008 dictaron una serie de reglas en temas como capacitación y evaluación que se aplicarían transversalmente a todos los regímenes.

En ejercicio de tales funciones, desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil pudieron haberse dictado reglas o proponer reformas a las existentes, estableciendo reglas básicas aplicables a todos los regímenes.  Así por ejemplo, normativamente –mediante decreto supremo– se hubieran podido dictar nuevas reglas, aplicables los regímenes de los Decretos Legislativos N°s 276 (carrera administrativa), 728 (laboral privado) y 1054 (contrato CAS). Esto, con el objetivo de "acercar" y uniformizar tales regímenes.

Otro factor que no se ha considerado y no se ha enfrentado debidamente son las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Estas entidades han venido desnaturalizando las reglas del servicio civil en el Perú, aplicando normas de Derecho Laboral; sin considerar las reglas especiales existentes para el Sector Público. Los casos más escandalosos son aquellos donde se ordenando la reincorporación de servidores CAS o de locadores de servicios, bajo regímenes que no existen en las entidades o, donde no existen plazas presupuestadas para ello. La actuación de estas autoridades judiciales hace más complejo los esfuerzos de ordenamiento y "homogenización" del servicio civil.

domingo, 6 de agosto de 2017

Los problemas del Servicio Civil. Persistencia y falta de medidas (Parte 1)

Desde el año 2001, cuando el Gobierno de Transición designó  una Comisión Multisectorial encargada de estudiar y elaborar un informe sobre la situación del personal de la administración pública se identificaron una serie de problemas; que muestran su persistencia en el tiempo, a pesar de las modificaciones normativas realizadas y los intentos de reforma que se han promovido. 

De manera general, estos problemas podrían resumirse en el siguiente listado:

miércoles, 24 de mayo de 2017

Los principios del procedimiento administrativo sancionador. Razones para una discrepancia.

En los últimos años, un sector de nuestra doctrina ha venido sosteniendo la aplicación –casi de manera automática– de los principios y garantías del derecho y del proceso penal, al procedimiento administrativo sancionador (al derecho administrativo). Esto inclusive se ha llevado a nivel normativo, en la Ley del Procedimiento Administrativa General.

Para esta doctrina, ambas ramas jurídicas (penal y administrativo sancionador) tienen similar naturaleza, porque se trata de actividades sancionadoras que realiza el Estado. En ello fundamentan la inclusión o la extensión de principios penales al procedimiento administrativo sancionador. 

Si bien ambas ramas se manifiestan en actividades sancionadoras del Estado, discrepo en la aplicación automática de los principios y garantías penales. Esto, porque existen diferencias que justifican su trato diferente y no son automáticamente equiparables.

martes, 11 de abril de 2017

Sistemas administrativos y atención de las emergencias: Un ejemplo de falla del Estado

Debo empezar señalando que –como he escrito en diferentes documentos– considero que las organizaciones estatales tienen características particulares y por ello merecen una regulación y tratamiento especial, distinto del que pueda darse a organizaciones del sector privado. Estas características se originan en el fuerte problema de agencia que afecta a las organizaciones estatales y a la propiedad colectiva (de la ciudadanía) sobre dichas organizaciones, que exacerba el primer problema.

En consideración a ello, encuentro perfectamente razonable y necesario, la existencia de sistemas administrativos. Estos deben estar orientados a reducir el problema de agencia, que es el factor que afecta negativamente el funcionamiento de las organizaciones del sector público y le resta bienestar a la sociedad.

Sin embargo, el problema está en cómo están diseñados, en cómo están escritos los sistemas administrativos en nuestro país. Siendo necesarios, considero que son inefectivos en cuanto a su finalidad y pueden terminar haciendo más daño que bien. Quiero demostrar mi punto, revisando las normas especiales que se han dictado, para atender la emergencia de las masivas inundaciones que sufre nuestro país.

Se supone que diversas zonas del país están en situación crítica, grave, urgente y que evidentemente requieren de la acción del Estado, para atender dicha emergencia. En atención a ello, se han dictado varios decretos de urgencia (DU 002, 004 y 006-2017).

miércoles, 22 de febrero de 2017

La corrupción sofisticada, los grandes proyectos de inversión y el cálculo de ganancias ilícitas

El 5 de enero del presente año, el Ministerio Público –a través de una nota de prensa sobre el caso ODEBRECHT– anunciaba que: “la empresa se compromete a entregar en los próximos días la suma de 30 millones de soles, como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso penal”. A continuación señalaba que:

“Dicho monto, en ningún caso debe entenderse como la cuantificación total, la que se determinará en el acuerdo final, ni tampoco se encuentra vinculada con la reparación civil (indemnización), sino con las ganancias provenientes del delito que son materia de decomiso”

En este punto hay que recordar que el Código Penal prevé el como consecuencia accesoria, el comiso o pérdida de los efectos del delito, sean éstos: bienes, dinero, ganancias o cualquier producto (proveniente de dicha infracción)

martes, 31 de enero de 2017

El caso ODEBRECHT, tan difícil y tan fácil de investigar

Los casos de gran corrupción o corrupción sofisticada constituyen un reto para los organismos de supervisión, fiscalización y control del Estado peruano (Policía, Procuradurías, Contraloría General, Ministerio Público, Poder Judicial, etc). 

Los actos de corrupción siempre son bilaterales, sinalagmáticos, de contraprestaciones recíprocas. En estos casos, la “prestación” del funcionario corrupto es la omisión de sus funciones o, su aplicación distorsionada. Esto le genera un beneficio al ciudadano o empresario corrupto. A cambio de ello, el ciudadano o empresario corrupto le entrega u otorga algún beneficio al funcionario corrupto.

El problema con la corrupción sofisticada es determinar y probar este carácter bilateral, sinalagmático o recíproco. Esta forma de corrupción es una modalidad de los denominados “delitos de cuello blanco”. En la corrupción sofisticada no se va a encontrar una operación directa, que vincule la omisión de funciones o la aplicación distorsionada y la entrega del beneficio (cosa que sí suele ser más frecuente en la pequeña corrupción). No se va a encontrar un “acuerdo” estableciendo las prestaciones recíprocas, ni constancias de entrega, recibos de constancias de cumplimiento.  

En los casos de corrupción sofisticada se van a encontrar que la omisión de funciones o aplicación distorsionada va a estar “justificada” (disfrazada deberíamos decir) de argumentación técnica. Por otro lado, la entrega de beneficios tampoco es directa o evidente. Se oculta detrás de otros mecanismos.