sábado, 3 de febrero de 2018

Los Sistemas Administrativos y el Sector Público (Parte 2)

Actualmente, la norma central que regula los sistemas administrativos de manera general es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158). Esta Ley Orgánica señala que existen dos tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) ratifica que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso (artículo 46).

En este camino, la LOPE ha hecho un esfuerzo importante, al señalar específicamente los sistemas administrativos existentes:

martes, 23 de enero de 2018

Los sistemas administrativos y el Sector Público (Parte 1)

Muchas personas cuando ingresan a servir en el Sector Público se encuentran con “algo” que se denomina “Sistemas Administrativos” y que no existen en el Sector Privado.

Una manera simple de entender los sistemas administrativos es considerarlos como “regulación”, que el Estado genera para “regular la actuación” de sus propias entidades (y sus servidores). Esta regulación se parece a la regulación que el Estado realiza con las actividades de las empresas y las personas (regulación externa).

En la regulación externa, las entidades del Estado dictan reglas (de diversos tipos) a las que deben sujetarse las personas, las empresas y las organizaciones de la sociedad en general. La regulación busca modificar, encauzar, determinar y/o ajustar la conducta de los sujetos señalados. La regulación no solamente comprende aprobación y determinación de las reglas. También incluye las actividades vinculadas al cumplimiento o “enforcement” de las mismas, como por ejemplo: vigilancia, fiscalización, control, sanción (para casos de incumplimiento).

domingo, 7 de enero de 2018

2018. ¿El año de la gran migración al nuevo régimen del Servicio Civil?


Como es conocido, la Ley del Servicio Civil contiene dos grandes conjuntos normativos, aplicables de diferente manera. 

El primer conjunto es el que desarrolla y consolida las reglas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que son aplicables a todas las entidades y a los servidores del Sector Público en todos los regímenes. Estas reglas se aplican así no hayan iniciado el proceso de tránsito al nuevo régimen. 

El segundo conjunto normativo de la Ley del Servicio Civil se refiere al nuevo régimen al que migrarán los servidores pertenecientes a los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057. Son las reglas del nuevo sistema (del nuevo régimen), que serán aplicables a las entidades y sujetos que realicen el tránsito.

De acuerdo a la propia Ley (Primera Disposición Complementaria Transitoria), la implementación del nuevo régimen en las entidades del Sector Público y la migración de los servidores indicados se realiza progresivamente y en un plazo máximo de 6 años (contados desde la entrada en vigencia de la Ley).

Complementariamente a lo señalado en la Ley, su Reglamento General (Cuarta Disposición Complementaria Transitoria) ha señalado que las entidades que al 31 de diciembre de 2017 no hayan iniciado el proceso de adecuación previsto en la Ley, serán comprendidas en el mismo automáticamente, a partir del 1ro de enero 2018. Para formalizar ello, el Reglamento General señala que SERVIR emitirá las resoluciones de inicio, donde se incorpora formalmente a las entidades estatales; al proceso de tránsito.

Si se sigue lo señalado por el Reglamento General, SERVIR deberá definir -de manera inminente- cómo se realizará la incorporación de las entidades. Hay que tomar en cuenta que esto será un trabajo monumental, considerando que existen 2000 entidades en el Sector Público y, hasta la fecha, ninguna entidad ha migrado al nuevo régimen.

domingo, 22 de octubre de 2017

Regulación Administrativa (Poder de Policía del Estado) y Seguros Privados. Posible complementariedad virtuosa.

Artículo dedicado a mis colegas Patricia Balbuena, Norma Correa y Gisselle Romero. Sus ideas sobre innovación en el Sector Público, motivan a pensar diferente, por un Estado mejor; buscando el bienestar de la sociedad.

El Poder Policía constituye una de las manifestaciones de la Función Administrativa del Estado. Esta consiste en la ordenación, regulación, limitación de derechos, para articularlos, coordinarlos, adecuarlos al interés general, público o derechos o intereses legítimos de otros ciudadanos. A estas función también se le conoce como "Regulación Administrativa".

La Regulación Administrativa o el Poder de Policía se fundamenta esencialmente en el riesgo o en la prevención de éste, frente a actividades desarrolladas por los ciudadanos que pudieran afectar a otros. Para tal efecto, el Estado actúa efectiva o positivamente, con mecanismos previos o posteriores, para hacer efectivas dichas limitaciones de derechos.

La forma más común en que el Estado ejerce su Poder de Policía es a través de intervenciones ex – ante. Es decir, previas a la actuación del ciudadano. En este rubro encontramos a las autorizaciones, licencias y permisos.

Tradicionalmente, los mecanismos de autorizaciones, licencias y permisos están diseñados de manera tal, que es el propio Estado quien define normativamente los riesgos, las medidas preventivas necesarias a asumirse, los mecanismos de mitigación de riesgos y; verifica (administrativamente) su cumplimiento. En la perspectiva tradicional todo lo define, establece y administra el Estado. Con sus recursos, sus procedimientos y su personal.

Invitados todos a este conversatorio.



http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/coversatorio/conversatorio-servicio-civil-peruano-debate/

lunes, 21 de agosto de 2017

A continuación el link del artículo escrito para la revista de ENAP.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES Y LA AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

http://revista.enap.edu.pe/article/view/1558


lunes, 14 de agosto de 2017

Los problemas del Servicio Civil. Persistencia de problemas y de falta de medidas (parte 2)

Continuando con el listado de problemas en el Servicio Civil, tenemos:

2. Multiplicidad de regímenes, reglas y fuentes normativas. Co-existencia de servidores con diferentes condiciones en cuanto a ingreso al servicio, derechos, estabilidad en el empleo, despido, obligaciones y disciplina. 

A partir de la dación del Decreto Legislativo N° 1023 (en el año 2008) queda claro que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en un sistema administrativo, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público. También se estableció que SERVIR es la entidad rectora de dicho sistema administrativo. En dicha condición puede dictar reglas para hacer efectivo el funcionamiento del citado sistema administrativo. Para el ejercicio de dichas funciones, el Decreto Legislativo dotó a SERVIR de atribuciones normativa, supervisora, sancionadora, interventora y de solución de controversias. Estas funciones y atribuciones fueron ratificadas en la Ley del Servicio Civil (Ley 30057, del año 2013). Adicionalmente, los decretos legislativos del 2008 dictaron una serie de reglas en temas como capacitación y evaluación que se aplicarían transversalmente a todos los regímenes.

En ejercicio de tales funciones, desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil pudieron haberse dictado reglas o proponer reformas a las existentes, estableciendo reglas básicas aplicables a todos los regímenes.  Así por ejemplo, normativamente –mediante decreto supremo– se hubieran podido dictar nuevas reglas, aplicables los regímenes de los Decretos Legislativos N°s 276 (carrera administrativa), 728 (laboral privado) y 1054 (contrato CAS). Esto, con el objetivo de "acercar" y uniformizar tales regímenes.

Otro factor que no se ha considerado y no se ha enfrentado debidamente son las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Estas entidades han venido desnaturalizando las reglas del servicio civil en el Perú, aplicando normas de Derecho Laboral; sin considerar las reglas especiales existentes para el Sector Público. Los casos más escandalosos son aquellos donde se ordenando la reincorporación de servidores CAS o de locadores de servicios, bajo regímenes que no existen en las entidades o, donde no existen plazas presupuestadas para ello. La actuación de estas autoridades judiciales hace más complejo los esfuerzos de ordenamiento y "homogenización" del servicio civil.